Hemos querido, en este espacio, compartir con ustedes, a 17 años de su creación, los alcances de la ley que permite, a todos los mexicanos, el acceso a información pública principalmente relacionada con el ámbito gubernamental. Hoy, estamos ya a acostumbrados a este derecho pero fue un gran logro alcanzar esta institucionalización que tiene grandes beneficios para los ciudadanos mexicanos.

Por su relevancia en la vida pública del país ante cualquier ciudadano, y por la necesidad que muchas veces tienen de información gubernamental los medios de comunicación, las empresas, la industria, el comercio, los científicos y académicos, y aun los estudiantes, hemos creído conveniente recordar los principios y objetivos de una ley que regulan precisamente la forma de acceder a esa información; es decir, de solicitarla y recibirla; pero no solo, también que esa información sea cierta y pueda ser verificada.

Y así, este día, miércoles 12 de junio del año 2002, fue publicada la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, siendo presidente Vicente Fox Quezada; ahora esa ley, modificada durante la presidencia de Enrique Peña Nieto en 2017, es conocida como Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y en lo esencial resalta:

• Tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.
• Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
• Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral
• Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados.
• Fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados
• Consolidar la apertura de las instituciones del Estado mexicano, mediante iniciativas de gobierno abierto, que mejoren la gestión pública a través de la difusión de la información en formatos abiertos y accesibles, así como la participación efectiva de la sociedad en la atención de los mismos;
• Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.
• Promover y fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información pública
• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.”
• “El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.”
• Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, Documentos y políticas e información.”

Esta ley, como cualquier otra, únicamente puede tener efectos reales, si los ciudadanos la conocemos y la utilizamos como un derecho para estar al tanto además de la gestión del gobierno, de los fines de esa gestión, y las formas cómo podemos aprovecharlos para nuestro bien y de la comunidad nacional. Cualquier interesado puede consultarla en el portal de la Cámara de Diputados, o en el del Instituto Nacional de Transparencia (INAI).